EL ESCÁNDALO DEL ILEGAL PRÉSTAMO DE 230 MILLONES A GRUPO PACHUCA

MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ

5 DE MAYO DE 2023

Buenos días, estimados amigos de los medios de comunicación. Los hemos convocado para dar nuestra postura en relación con el escándalo de la indebida disposición de 230 millones de pesos que ha realizado el Gobierno de Guanajuato para financiar ilegalmente al grupo Pachuca.

El tema, ciertamente, es un asunto de opacidad y ocultamiento de la información, que salió a la luz pública por una entrevista televisiva y que obligó al gobernador a aceptarlo. Es un tema también de inmoralidad, no por nada querían mantenerlo oculto. Pero, me interesa resaltar que de ninguna manera se reduce a sólo eso. Por el contrario, es un tema de ilegalidad, por el que tendrían que responder el gobernador, el secretario de Finanzas y todos los involucrados.

En efecto, los diputados panistas y los funcionarios del gobierno se llenan la boca hablando de que todo se hizo con estricto apego a la legalidad. Nada más falso. Yo reto desde aquí a los panistas a que señalen un solo artículo de cualquier ley que faculte a la Secretaría de Finanzas o a otra dependencia o entidad del gobierno del estado a prestar tales cantidades de dinero a particulares con un interés que apenas es el de la inflación, lo que se traduce, en términos reales, a prestar sin intereses.

Que muestren los señores del PAN ese fundamento jurídico para disponer del dinero de los guanajuatenses para financiar el acrecentamiento del poderío económico de los que ya de por sí son privilegiados.

Que no se nos olvide, la Constitución de Guanajuato dispone en su artículo 2 que el Poder Público únicamente puede lo que la ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe.

Por su parte, el artículo 100 de la propia Constitución Local hace énfasis en que “El cobro y administración de los caudales públicos competen a la dependencia que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El personal de dicha dependencia tendrá las facultades y obligaciones señaladas por las leyes de la materia.

Es decir, la Secretaría de Finanzas tiene que apegarse estrictamente a lo que señalen las leyes en relación con la administración de los recursos públicos.

Y la facultad de hacer leyes es del Poder Legislativo. En otras palabras, sólo un cuerpo normativo que sea formal y materialmente legislativo puede dar facultades a la Secretaría de Finanzas para hacer esta clase de préstamos. Y simplemente no existe ninguna disposición en ninguna ley que le faculte para ello.

Para fundamentar un préstamo así, no puede recurrirse a un reglamento o a un decreto del gobernador de ninguna especie. Pues los reglamentos no pueden ir más allá de lo que permite la ley. Los reglamentos no pueden inventar facultades, sino sólo desarrollarlas, explicarlas. Pues inventar facultades significaría que el gobernador estaría usurpando las funciones del Poder Legislativo, legislando por su cuenta, dándose facultades así mismo, yendo en contra de la Constitución.

Entre las leyes que regulan la administración de los recursos públicos estatales, están la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato, la Ley del Presupuesto General de Egresos y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. En ninguna de estas leyes, ni en otras, hay facultad alguna dada a la Secretaría de Finanzas para prestar dinero a particulares, y mucho menos en tales cantidades y con esas condiciones de privilegio.

Al contrario, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos establece que

Artículo 57. Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto de egresos que lo autorice, se determine por ley posterior o se realice con cargo a ingresos excedentes. Para que proceda una erogación y ésta sea lícita, deberá sujetarse al texto y suficiencia de la partida.”

Y no hay, en el Presupuesto de 2021 ninguna partida para realizar estos préstamos escandalosos al Grupo Pachuca.

Entonces, al no haber ley que faculte a Finanzas a disponer de esta manera de los recursos de los guanajuatenses, los involucrados han incurrido en faltas graves señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en la comisión de diversos delitos contra la administración pública, entre los que podrían estar uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Independientemente de que haya garantía hipotecaria, lo cual estaría por verse, porque los panistas mienten por devoción, independientemente de eso y de que Grupo Pachuca pague –¡ya nomás faltaba que no pagaran!- el préstamo fue ilegal en sí mismo  y de eso tienen que responder administrativa y penalmente en la Secretaría de Finanzas.

Resulta una verdadera burla que mientras que este grupo de potentados recibe un privilegiado préstamo de 230 millones de pesos para acrecentar su imperio de negocios, a las familias guanajuatenses les ofrecen, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Vales Grandeza por 50 pesos.

Aquí la única grandeza es la de la desvergüenza, la ilegalidad y el privilegio para unos cuantos. Esa sí es la grandeza del PAN-Gobierno.

Y también habría que preguntar a los pequeños comerciantes de León y de Guanajuato si tienen acceso a esta clase de créditos, por qué monto y con qué tasa de interés. A los propios trabajadores del Estado, el ISSEG les presta de las propias cuotas de los trabajadores, con una tasa de interés anual fija del 13%.

Por eso hablamos de que en Guanajuato al pueblo se le dan migajas y le ponen trabas para su desarrollo, mientras que a los privilegiados se les abren las arcas del erario para que se despachen con la cuchara grande y crezca su poder económico.

No pasa inadvertido que se justifican con el pretexto de favorecer a la afición. ¿A quién quieren engañar con esta falacia? El pueblo leonés es una sociedad informada y madura que sabe distinguir entre el gusto por un deporte o la afición por un equipo, y el uso indebido de los recursos públicos para favorecer a los más ricos.

Se llama populismo de derecha. Favorecer a los ricos para entretener a los pobres es la vieja receta romana de PAN y CIRCO.

Tampoco se nos debe olvidar que con este negocio se cierra el círculo de corrupción y engaño de los gobiernos panistas que comenzó en el año 2000, cuando Jorge Carlos Obregón, Chuy López Gómez y Esteban Ramírez, quien después fue el contralor carnal de Santillana, elaboraron y firmaron un leonino contrato de fideicomiso, por el que fingieron que el estadio pasaría a propiedad de los leoneses, cuando en realidad era un contrato leonino con todas las ventajas para Zermeño.

En 2006 dan un paso más aprobando el Ayuntamiento la extinción del fideicomiso, sin facultades para hacerlo, puesto que se trataba de un fideicomiso privado no de un fideicomiso público, por lo que no podían desaparecerlo así como así sin la concurrencia de la voluntad del fideicomitente que era Zermeño. Entre los que aprobaron esta extinción se encontraban el regidor Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Con eso, pusieron en charola de plata el pretexto a Zermeño para recuperar el estadio, lo cual ocurrió después de una larga cadena judicial. Y con este préstamo se cierra la pinza de esta secuencia: el gobierno del Estado pone el dinero para pagarle al viejo socio Zermeño, el cual queda feliz. El Grupo Pachuca recibe dinero y estado, queda más feliz. El Gobierno del Estado termina usando ilegalmente recurso público, y el pueblo leonés se quedó sin estadio, engañado por estos políticos del PAN y además siendo usado el dinero del propio pueblo sin su autorización, o sea, en esta truculenta historia de negocios entre empresarios y panistas, el pagano es el pueblo de Guanajuato y, en especial, el de León. ¡Qué grandeza de corrupción la que hay en Guanajuato!

En suma, este nuevo escándalo se agrega a la larga lista de actos de corrupción que obran en el historial de los gobiernos panistas de Guanajuato y León: 

La desaparición de 37 millones de pesos que los panistas invirtieron en Metrofinanciera y que se esfumaron.

La compra de terrenos a precios irrisorios a los campesinos para luego vendérselos a precio de oro al gobierno del Estado para la construcción de la fallida refinería, todo a través de una empresa fantasma llamada Cereal y Transas Finas, creada por los propios funcionarios del Gobierno de Guanajuato.

El gasto espectacular de más de 2,800 millones de pesos en el fallido programa Escudo que no sirvió sino para enriquecer a unos cuantos, mientras que los guanajuatenses pagan las consecuencias con los niveles más altos de inseguridad.

Es decir, estamos ante un capítulo más de corrupción, de opacidad, de encubrimiento y de impunidad del panismo gobernante de Guanajuato.

El pueblo guanajuatense ya no aguanta más sus fechorías y por eso los panistas ya se tienen que ir.