fbpx

17 DE MAYO DE 2023

CDMX

Buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de compartir este espacio con las señoras senadoras y los señores senadores. Y, por supuesto, agradezco la presencia de los representantes de los medios de comunicación.

La finalidad es darles a conocer lo que está pasando en Guanajuato. Enormes irregularidades que el gobierno de Guanajuato está haciendo con las finanzas públicas para beneficio de unos cuantos, lo que nos habla de una profunda corrupción que está carcomiendo hasta los huesos al gobierno panista que ya lleva más de 30 años en aquella entidad federativa.

Resulta que, sin tener facultades legales para hacerlo, en junio de 2021, en plena pandemia y en pleno proceso electoral, el gobierno del Estado encabezado por el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo dispuso de 230 millones de pesos e hizo entrega de dicha cantidad a Fiera-Capital, empresa entonces recién formada por la familia Martínez dueños de los equipos de Futbol Pachuca y León.

Con ese dinero, el Grupo Pachuca pagó parte del precio por la compra del Estadio León a Roberto Zermeño Vargas, quien le ganó al municipio de León el litigio por la propiedad del Estadio.

El ilegal préstamo, con una tasa de interés de apenas el 6% anual, se mantuvo en secreto, ni siquiera los diputados conocían de esta transa, sino hasta que hace 2 semanas, el señor Jesús Martínez, dueño del equipo Pachuca, habló más de la cuenta en una entrevista de televisión y dio a conocer este desfalco.

Cualquier abogado sabe perfectamente que las autoridades sólo pueden hacer aquello que las leyes les conceden. Y más tratándose de los dineros públicos. Es así que ninguna ley, ni la Ley de Ingresos del Estado, ni la Ley del Presupuesto de Egresos, ni la Ley para el Ejercicio de los Recursos Públicos, ni la Ley de Hacienda, ni ninguna otra, faculta al gobernador o a su secretario de Finanzas para disponer de los recursos públicos, mucho menos de tales cantidades y prestarlas a un particular que ya de por sí ostenta un poderoso imperio económico en Hidalgo y en Guanajuato.  Ilegalmente dispusieron de este dinero y lo entregaron al Grupo Pachuca para hacer negocios.

Al no haber ley que faculte al gobernador o a la Secretaría de Finanzas a disponer de esta manera de los recursos de los guanajuatenses, los involucrados han incurrido en faltas graves señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y han incurrido en la comisión de diversos delitos contra la administración pública, entre los que podrían estar uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Además, el otorgamiento arbitrario de este préstamo ha venido provocando y ocasionará un PERJUICIO A LA HACIENDA Y PATRIMONIO PÚBLICOS DEL ESTADO de forma permanente y constante durante la vigencia del crédito (del 15 de julio de 2021 al 30 de junio de 2030), en virtud de que la tasa de interés anual del 6% seis por ciento concedida sobre dicho préstamo irregular ha venido estando por debajo de la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) que es la tasa de referencia en nuestro país para la actividad del crédito emitida por el Banco de México; dicha tasa, a partir del 14 de febrero de 2022 de ubicó en 6.2012%, para el 30 de junio de 2022 se ubicó en 8.0245% y para el 16 de mayo de 2023 se estableció en 11.5384%; de tal manera que cada pago de los intereses del préstamo se generará una ganancia negativa para las arcas públicas, es decir, un perjuicio, calculado sobre el saldo insoluto que cada fecha de vencimiento (cada 30 de junio durante la vigencia del préstamo) se vaya devengando; la diferencia entre la tasa de referencia del mercado (TIIE) y la tasa concedida en el préstamo (6%) será el perjuicio que se estará ocasionando al erario de la entidad.

Pero en Guanajuato la corrupción no sólo se refiere a las autoridades administrativas del Estado que cometen esta clase de fechorías. El problema va más allá, pues después de 30 años de ostentar el poder, el PAN tiene controladas todas las instituciones, incluyendo el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como la Fiscalía General de Justicia y la Auditoría Superior de Fiscalización.

El pasado 9 de mayo acudí a la Fiscalía General a denunciar los hechos ya confesados por el gobernador y por el Secretario de Finanzas. Sin analizar el tema, la Fiscalía reaccionó afirmando que no podía proceder por carecer yo de personalidad al no ser víctima del atraco.

Fingen no saber que los delitos relacionados con la corrupción deben ser investigados y perseguidos de oficio, por lo que debieron recibir la denuncia e investigar con seriedad los hechos y su encuadre en diversos tipos penales previstos en el Código Penal de Guanajuato. Pero sabemos que no lo harán porque la Fiscalía ni es autónoma ni procura justicia. Sólo ha servido estos años para perseguir adversarios políticos y para fungir como tapadera de los gobernadores corruptos en turno y de sus cómplices.

Por eso es que el día de ayer acudí ante la Auditoría superior del Estado para presentar los hechos y sea este órgano quien se querelle por el daño patrimonial en contra del Estado, perpetrado por el gobernador y sus colaboradores.

Hasta ahora, la Auditoría Superior del Estado también se ha conducido como tapadera del gobierno e instrumento para perseguir opositores. Sin embargo, creo que es importante dejar los precedentes recurriendo a todas las instancias que sea necesario.

Por otra parte, no podemos dejar de observar que este préstamo multimillonario, además de ser un atraco, es una burla para los guanajuatenses. En efecto, el gobierno del Estado le está ofreciendo a las familias guanajuatenses, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Vales Grandeza por 50 pesos, mientras que a estos potentados del Grupo Pachuco le abre las arcas por 230 millones de pesos. 

Además, el interés para los ricos es de sólo el 6% anual, mientras que los préstamos para los trabajadores del Estado, a través del ISSSEG, son con intereses del 13%. O sea que hay privilegio para los ricos, mientras que a los trabajadores les clavan la uña con más del doble.

Esta corrupción que se ejerce impunemente en Guanajuato bien puede llamarse populismo de derecha, pues favorece a los ricos para entretener a los pobres, como enseña la vieja receta romana de PAN y CIRCO.

También es oportuno que ustedes, sepan que dentro del tema del estadio, con este negocio pretenden cerrar una larga cadena de actos de corrupción que comenzó en el año 2000.

En ese año, siendo presidente municipal Jorge Carlos Obregón Serrano, él y su secretario de Ayuntamiento, elaboraron y firmaron un leonino contrato de fideicomiso, por el que fingieron que el estadio pasaría a propiedad de los leoneses, cuando en realidad se trataba un contrato leonino con todas las ventajas para Roberto Zermeño. En este fideicomiso, Zermeño fue el fideicomitente, el municipio el fideicomisario, un banco fue la institución fiduciaria y el estadio fue el bien afectado, que supuestamente pasaba a manos del municipio.

En 2006 dan un paso más aprobando el Ayuntamiento la extinción del fideicomiso, sin facultades para hacerlo, puesto que se trataba de un fideicomiso privado no de un fideicomiso público, por lo que no podían desaparecerlo así como así sin la concurrencia de la voluntad del fideicomitente que era Zermeño. Entre los que aprobaron esta extinción se encontraban el entonces regidor Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Con eso, pusieron en charola de plata el pretexto a Zermeño para recuperar el estadio, lo cual ocurrió después de una larga cadena judicial. 

Ahora, con este préstamo se cierra la pinza de esta secuencia: el gobierno del Estado pone el dinero para pagarle al viejo socio Zermeño, el cual queda feliz. El Grupo Pachuca recibe dinero y estadio, queda más feliz. El Gobierno del Estado termina usando ilegalmente recurso público, y el pueblo leonés se quedó sin estadio, engañado por estos políticos del PAN y además siendo usado el dinero del propio pueblo sin su autorización. Es decir, en esta truculenta historia de negocios entre empresarios y panistas, el pagano es el pueblo de Guanajuato y, en especial, el de León. ¡Qué grandeza de corrupción la que hay en Guanajuato!

En Guanajuato todas las instituciones han sigo cooptadas por la hegemonía panista. En los hechos no hay división de poderes ni autonomía en los órganos constitucionales. Por eso se han despachado por años con la cuchara grande. Y por eso venimos hoy a darlo a conocer a la ciudad de México y al país. Porque ya urge terminar con este estado de cosas en el que el gobierno abusa del poder, dispone a su antojo de los recursos públicos y unos cuantos se enriquecen a costa del pueblo.

Por eso hemos venido a la ciudad de México. Para pedirle a la Fiscalía General de la República que atraiga el asunto toda vez que, por sus antecedentes conocidos, la Fiscalía del Estado no va a hacer nada.

Es necesario que autoridades federales intervengan, porque frente a la omisión y a la opacidad de este gobierno de Guanajuato, y frente a las contradicciones entre los funcionarios del Gobierno del Estado, tenemos una enorme desconfianza y podría ser que los recursos provinieran de participaciones federales. Por ello consideramos necesario que la Fiscalía General de la República, entre a investigar este caso de corrupción en Guanajuato y se sancione a los culpables.

Estamos emprendiendo esta lucha, buscando que las cosas cambien y que pronto esos que durante 30 años se han beneficiado política y económicamente ya se vayan a su casa y los que tengan que pagar, vayan respondan ante la justicia por sus fechorías.

Muchas gracias y estamos a sus órdenes.